domingo, 24 de julio de 2011

Infonavit e inmobiliaria defraudan a compradores de vivienda en Izcalli

La Jornada

Cuautitlán Izcalli, Méx., 23 de junio. El conjunto habitacional La Era está localizado en el poblado de Santa María Tianguistengo de este municipio. Después de 12 años de construido, parece una ciudad abandonada. La maleza ha crecido, incluso dentro de algunas casas. Los habitantes, apenas 48 de las 97 familias iniciales, procuran tener limpios los espacios, se organizan para recoger la basura y para defenderse de la delincuencia.

Los titulares de las viviendas son, en su mayoría, enfermeras jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ahora padecen lo que pretendían que fuera su patrimonio: casas en obra negra y sin servicios básicos. Aún más: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) envió sus cuentas a despachos jurídicos que los hostigan para que paguen los créditos, lo que dejaron de hacer ante el incumplimiento de contrato.

Graciela Enríquez Aguilar, una de las afectadas, explicó a La Jornada que en 1996 Édgar Reyes Toledano, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social; Flora Barrientos Venegas, secretaria de Fomento Habitacional del gremio; Víctor Rivera Paulín, jefe del área de crédito de la delegación siete del Infonavit, y Maximino Arreola Vilchis, propietario de la empresa Grupo Progreso Técnico Constructor, impulsaron el proyecto habitacional para 120 trabajadores del IMSS, pero al final solamente se integraron 97.

“Garantizaban legalidad y certeza”

“En cada reunión nos invitaban a adquirir créditos, garantizaban legalidad y certeza”, expuso Graciela Enríquez y sus vecinas Dolores Moreno Vázquez, Martha López y Oliva González Servín.

Inicialmente compraron un predio de 14 mil metros cuadrados. El Infonavit asignó a cada uno créditos por 145 mil pesos a pagar a 30 años con la categoría tres, para quienes tienen predios disponibles y requieren recursos para construir.

Entre 1997 y 1998 la constructora habría recibido al menos 17 millones de pesos del Infonavit por los créditos y gastos anexos al proyecto, que contemplaba la construcción de casas de dos pisos con tres recámaras, sala, comedor, cocina y sanitarios. El conjunto tendría áreas verdes y deportivas, comercios, escuela primaria, consultorio médico y estacionamiento, entre otros espacios que hasta la fecha no se han construido.

El desencanto llegó en 1999 cuando comenzaron a recibir los inmuebles sin aplanados, sin puertas interiores, juegos de baño y, lo peor: sin agua potable, electricidad ni drenaje. Algunos ni siquiera tenían terminado el segundo nivel.

En su prisa por habitarlos, jalaron electricidad con diablitos e improvisaron alumbrado público. Adquirieron tambos para agua, “un desembolso mensual de 600 pesos, por lo menos”, expuso Enríquez Aguilar. Es decir, durante 12 años han hecho inversiones adicionales para contar con servicios básicos, equipamiento urbano y terminar de construir por su cuenta.
Las denunciantes dicen que el constructor Arreola Vilchis no concluyó La Era debido a que gastó los créditos del Infonavit para construir edificios de departamentos. “Él mismo nos dijo que se le había acabado el dinero y dejó toda a medias”, expuso Enríquez Aguilar, por lo que responsabilizó al Infonavit y al Grupo Progreso Técnico Constructor de la situación que enfrentan.

El Infonavit, además, se cobró a “lo chino”. Absorbió los ahorros del fondo para la vivienda de las cuentas individuales para el retiro de los trabajadores. En algunos casos sumaban más de 200 mil o 300 mil pesos, y aún con esos abonos no disminuyeron sus deudas, pues el crédito inicial de 145 mil pesos se elevó a 557 mil, y los inmuebles en mal estado no lo valen esa cantidad.

En 2002 los sindicalizados acordaron no pagar el crédito a Infonavit, basados en una cláusula del contrato que refiere que no están obligados a ello si no se cumplió con el proyecto urbano, como muestra un documento que exhibieron.

Por ello, el Infonavit comenzó a reclamar el pago de los créditos y envió cuentas a despachos jurídicos, que hostigan a los deudores. Alrededor de 25 tienen amenaza de desalojo. Los demás, a diario, reciben llamadas telefónicas y oficios donde se les advierte que serán lanzados.

“Vivienda en proceso de recuperación judicial. Usted ha sido demandado judicialmente”, se lee en oficios que recientemente han recibido. De no pagar, “un juez autorizará la adjudicación y lanzamiento forzoso de su casa: evite llegar a esto. No se exponga”, advierte.

Los afectados exigieron restructuración de sus créditos, pagos reales y justos; el cese de hostilidades por parte de despachos jurídicos y la revisión de abonos a cuenta por la absorción de fondos para la vivienda y de Afores de cada uno de los empleados y jubilados.

Enríquez Aguilar señala: “Exigimos una audiencia con Víctor Manuel Borras Septién, director del Infonavit, queremos pagar pero lo justo. Aquí el responsable es el Infonavit pues entregó todo nuestro dinero a la constructora y nunca supervisó en qué invirtió”.

A diferencia de los demás trabajadores, Dolores Moreno Vázquez suscribió un compromiso con el Infonavit mediante un despacho y ahora paga al mes 4 mil 660 pesos del crédito. De 65 años, después de 27 años de laborar, pasará el resto de su vida pagando un crédito que era de 189 mil pesos y ahora supera 400 mil. “Yo voy a seguir viviendo aquí, ya es mi último tren”, comentó.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada