Persiste la discriminación de indígenas en el estado de México

Agencia MANL

Toluca, Méx.- Toda vez que el 60 por ciento de los indígenas procesados penalmente no cuentan con defensores que conozcan las lenguas nativas en el Estado de México, resulta necesario impulsar una ley para la creación de fiscales especiales.

Florentina Salamanca Arellano, diputada panista presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, destacó que en la entidad debe quedar atrás las prácticas discriminatorias en contra de los pueblos indígenas.

“En el estado de México no existen fiscales especializados para atender casos penales que involucran a la población indígena, lo que indudablemente afecta a nuestros hermanos que en ocasiones son procesados sin saber los motivos que los llevan a ser encarcelados, y por supuesto, eso también es discriminación”.

Refirió que actualmente más de 300 mil hablantes de lenguas mazahua, otomí, tlahuica, matlazinca y náhuatl, se concentran principalmente en 790 comunidades pertenecientes a 42 municipios, de las cuales 20 de son de alta marginación, siete de media marginación, 12 de baja marginación y tres de muy baja marginación.

“Las etnias viven relegadas y sus integrantes son discriminados, y eso es un hecho como el caso más reciente de la joven indígena María Rafael González López, de 22 años de edad, madre soltera mazahua originaria de San Felipe del Progreso, la cual fue acusada injustamente y sin fundamentos legales coherentes por sus patrones de sustraer dinero y joyas del domicilio donde laboraba en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza”.

Explicó la diputada que el proceso penal que mantiene presa en el Penal de Barrientos (Tlalnepantla) a la joven indígena María Rafaela González López, está plagado de inconsistencias, “por lo que decidimos apoyar a la joven María Rafaela con asesoría jurídica y esperamos que en breve el juzgado nos dé un amparo que permitiría a la mazahua salir de la cárcel y pueda reunirse con su hijo”.

Para finalizar, la legisladora panista Florentina Salamanca Arellano confió que este caso, como en otros similares, se elimine de una vez por todas las prácticas discriminatorias contra la población indígena.